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Para USO, CCOO y UGT, la intención del ministerio de renunciar al control público estatal de Aena supone una temeridad que tendrá consecuencias negativas e imprevisibles para el principal motor económico del país: el Turismo.

De confirmarse el cambio de posición de la ministra, supondría la renuncia a la defensa del interés general, plegándose a los intereses de los especuladores, quedando desautorizada al contradecir su compromiso con una Aena en red y con mayoría pública estatal. “La ministra debe explicar a los ciudadanos porqué se posiciona del lado de los especuladores, renunciando a convertir a Aena en un factor esencial del desarrollo económico”.

Para los tres sindicatos, la privatización de los aeropuertos supone primar los intereses económicos de los inversores sobre la seguridad y calidad de las operaciones aéreas. Además, conllevará un incremento desmesurado de las tasas a medio plazo, con el consiguiente efecto negativo para el crecimiento de la actividad aeroportuaria y de la economía en general. “Dejar en manos privadas el control de la principal empresa pública, va tener un impacto tremendamente negativo en la economía, priorizando el saneamiento de las cuentas de Aena y el reparto de dividendos entre los accionistas, frente a la necesidad de convertirla en motor de desarrollo de la primera industria del país, la turística”

 

La privatización de Aena va a suponer un freno sin precedentes al desarrollo económico y social de los entornos aeroportuarios y dejaría sin efectos la participación de los comités de coordinación aeroportuarios ya que primarán los intereses de los inversores sobre el desarrollo social y económico de los territorios.

Para USO, CCOO y UGT el experimento económico-financiero de la privatización de Aena, que presta su servicio público sin repercutir un solo euro al ciudadano, desprecia su valor cómo infraestructura vertebradora social, territorial y de desarrollo económico, por lo que solicita la creación de una comisión parlamentaria que ponga el foco sobre las consecuencias de esta decisión y depure las responsabilidades derivadas de una acción tan perjudicial para los intereses generales.

Los sindicatos, que esperan las explicaciones del Ministerio de Fomento ante la situación de alarma creada, definirán su acción sindical en las próximas semanas e insta a que se active un debate social, político e institucional sobre el modelo aeroportuario que necesita el país alejado de situaciones coyunturales e intereses particulares. “No podemos estar cambiando cada 2 años de modelo ya que las consecuencias económicas, de cohesión y en materia de seguridad de un error histórico como la privatización de Aena, serán irreparables”

A la CSE no le sorprende el dictamen favorable del consejo consultivo de privatizaciones ya que se enmarca en la estrategia de propaganda del gobierno a través de un organismo deslegitimado, que avaló las inviables privatizaciones de Loterías y Apuestas del Estado y las sociedades concesionarias de Barajas y El Prat. Es un órgano, que lejos de velar por el interés general, legitima los procesos privatizadores de quienes les han nombrado.